Miércoles 06 de septiembre del 2017

COLUMNA DE LA CÁMARA: Clemente Castañeda

*El Poder Ejecutivo provoca crisis en el Poder Legislativo

La crisis que enfrenta la Cámara de Diputados y que impidió la instalación de la Mesa Directiva, no es un conflicto interno del PAN, aunque así lo quiere disfrazar el PRI; sino que es resultado de la intromisión del Ejecutivo Federal en el Poder Legislativo, esto con el propósito de lograr la aprobación del pase directo del Procurador a Fiscal.

Permitir que Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República y militante del PRI se convierta en el próximo Fiscal General, es permitir que los delitos y abusos cometidos por los miembros del gabinete del Ejecutivo Federal no sean castigados, es permitir la impunidad transexenal.

No quisiéramos pensar que se estén promoviendo medidas transexenales para proteger a quienes hoy ostentan el poder, porque esto representaría señales gravísimas de un retroceso antidemocrático.

Tener un Fiscal carnal, un fiscal a modo, sería una simulación más del Ejecutivo Federal, así como sucedió cuando se designó como titular de la Secretaría de la Función Público a Virgilio Andrade, responsable de la investigación de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto.

No le sirve al país un Congreso que no tiene legitimidad, que no tiene credibilidad. No podemos permitir la interferencia de otros poderes en la vida parlamentaria. No podemos permitir un retroceso.

No podemos permitir que la oportunidad histórica de dotar de autonomía al sistema de procuración de justicia sea desperdiciada por la desesperación de un partido que está a punto de perder el poder. La Cámara de Diputados ya fue una ventanilla de trámites del Ejecutivo Federal durante los primeros dos años de esta Legislatura y no podemos permitirnos que esto vuelva a pasar.

La grave intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo persigue no solo el interés de poner en entredicho la autonomía de la Fiscalía General de la República, mediante el pase automático del actual Procurador, sino también de descarrilar el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el nombramiento a modo de magistrados administrativos y del fiscal anticorrupción; así como aprobar reformas en materia de seguridad y justicia, en las que desde el actual régimen pretenden imponer una legislación regresiva y dañina sobre seguridad interior.

Si no tenemos un Fiscal autónomo e independiente, vamos a poner en entredicho el potencial y los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción.

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